Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento Progresista han denunciado la compra de votos mediante tarjetas de tiendas Soriana.

Ahora la empresa acusa al candidato del Movimiento Progresista de "incitar a actos de violencia y división social" que han derivado en ataques contra sus tiendas… y el personal que en ellas labora.

Las dos bombas molotov en Guadalupe, Nuevo León, y el auto con explosivos colocado en un supermercado en Mazatlán, Sinaloa, son dos gotas que derraman el mismo vaso.

Mediante un comunicado, Soriana asegura que las imputaciones en su contra se han hecho sin tener un solo elemento de prueba fehaciente.

Según la cadena de tiendas, los ataques no son sino una extensión del discurso incendiario del candidato presidencial del Movimiento Progresista. También señala a su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, y al mandamás perredista, Jesús Zambrano. De antemano los responsabiliza de posibles futuros daños que pudieran sufrir su personal e instalaciones.

La acusación es un "infundio ruin", "una calumnia", responde Zambrano. Alega que no hay pruebas que relacionen los ataques con la izquierda… y amaga con demandar a la empresa. Asegura que el comunicado demuestra "desesperación ante las numerosas pruebas que hemos venido presentando de la indebida utilización de tarjetas Soriana por parte del PRI". El líder perredista vislumbra una provocación política, un montaje perverso para desacreditar la lucha pacífica que está dando la izquierda.

Pero después de mes y medio de acusaciones, bombardeo mediático, mítines en tiendas y un saldo de desprestigio innegable, la reacción de Soriana parece obligada.

Nadie puede acusar a López Obrador o a sus colaboradores cercanos de ordenar los recientes atentados contra la empresa de tiendas de autoservicio.

Lo preocupante, si se comprueba, es que, efectivamente, los ataques puedan estar relacionados con fanáticos inconformes que convierten el reclamo por el resultado electoral en actos de violencia.

Urge aclarar de inmediato el tema del canto de las "sorianas". Por el bien de la sociedad, de la democracia… y de la izquierda.

Dejar impunes actos de terrorismo sospechosamente vinculados a la impugnación electoral sería un suicidio.

MONJE LOCO: La consignación de "mis" generales Ángeles, Dawe, Escorcia y Pérez Ramírez, acusados de colaborar con el narco, revela inconsistencias. En casi 80 días de arraigo no se supo de alguna prueba contundente. Habrá que conocer cuál fue el criterio del juez federal para obsequiar a la PGR la orden de aprehensión. ¿Fue un último recurso legal para refundirlos antes de que terminara el arraigo… y evitar otro ridículo de la justicia civil? El gobierno nunca había procedido penalmente, en forma simultánea, contra tantos militares del mayor rango. En nada ayuda a la inestable situación del país llevarlos del arraigo a la prisión envueltos en una densa nube de dudas. Hasta ahora, todo parece una campaña perversa con tal de evitar el "usted perdone". ¿Será una burda infamia como alega la esposa del general Ángeles?... También alguien dirá que la consignación fortalece la imagen y el principio de disciplina dentro del Ejército Mexicano… que no tolera la impunidad.

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