Es MVS y no gobierno quien atenta contra la libertad de expresión: Sota
Notimex
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22 de Agosto, 2012
La vocera de la Presidencia de la República, Alejandra Sota, puntualizó que este conflicto lo retoma Joaquín Vargas, pues sus pretensiones para mantener el control de la banda 2.5, no cumplen con los criterios técnicos necesarios y "recurre al chantaje político para evadir el pago de lo que corresponde por un bien que es propiedad, insisto, de todos los mexicanos."
La coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alejandra Sota Mirafuentes, aseguró este miércoles que las recientes declaraciones del presidente de Grupo MVS, Joaquín Vargas Gómez, buscan desestimar una decisión completamente técnica respecto a la banda de 2.5 GHz, la cual se relaciona realmente con que "MVS no quiso pagar a los mexicanos que la banda cuesta, 27 mil millones de pesos", motivo por el cual expuso, es el empresario el que realmente atenta contra la libertad de expresión y no el gobierno federal.
En conferencia de prensa, que tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, la funcionaria rechazó también que el gobierno federal pretendiera coartar la libertad de expresión de la periodista Carmen Aristegui, al afirmar que ni la Coordinación de Comunicación Social, ni el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), solicitaron el cese de la conductora de Noticias MVS, hecho constatado en las comunicaciones que el mismo Vargas Gómez ha hecho públicas recientemente.
Aclaró que la comunicación que mantuvo con Joaquín Vargas, fue para expresarle su extrañez ante el emplazamiento de Carmen Aristegui a la Presidencia de la República para que ésta demostrara la falsedad o no de las expresiones vertidas por Gerardo Fernández Noroña, "cuando la carga de la prueba debe recaer en la parte de acusa y no en la que, en este caso, es la parte difamada."
Asimismo, destacó que la nota de las declaraciones de Fernández Noroña, fue abordada en al menos 48 ocasiones en programas de radio, 17 en programas de televisión y 45 en medios impresos, las cuáles fueron difundidas por una amplia gama de medios de comunicación, los cuáles no recibieron exigencia alguna de su parte, ya que "el extrañamiento nunca residió en el ejercicio de la libertad de expresión.
"Fue el propio Joaquín Vargas quien por escrito, se dijo apenado con el presidente de la República, señalando que estaba en proceso de exigir a la conductora una disculpa pública por haber violado un código de ética interno, que según expresó el señor Vargas, ella había firmado", abundó.
Sota Miraflores reveló también que Joaquín Vargas le hizo saber que la empresa redactó una carta con elementos mínimos que a su consideración desagraviaban lo dicho por la periodista, misma que le fue presentada a fin de solicitar su opinión y sugerencia, "pero la versión final fue redactada y entregada a la periodista de MVS, y es responsabilidad exclusiva de ellos no sólo su redacción, sino todo lo que sucedió después", lo que incluye su reunión con la informadora, la cesión de la misma, la exigencia de una disculpa pública y su posterior recontratación.
Refrendó que la Presidencia de la República, jamás ejerció presión alguna para que la despidieran o para impedir que regresara a su espacio informativo, pues todos los intercambios con los señores Joaquín y Ernesto Vargas, tanto del Vocería como de la Oficina de la Presidencia, "así lo demuestran" y prosiguió a leer algunas comunicaciones que sostuvo con el empresario, entre ellos un correo electrónico en el que comunica a los accionistas de MVS las causas por las que se rescindió la relación laboral con Carmen Aristegui.
"El cese de la señora Aristegui fue decisión exclusiva del señor Vargas, no solicitud o exigencia del gobierno federal o un berrinche presidencial, de no haber sido así, ¿por qué Joaquín Vargas confirma a sus accionistas su decisión personal?, ¿por qué la empresa, así fuera en el momento de la recontratación, nunca hizo públicas supuestas presiones del gobierno?, simple y sencillamente porque no las hubo", sentenció.
Puntualizó que este conflicto lo ha retomado el señor Joaquín Vargas, ya que sus pretensiones para mantener el control de la banda 2.5, no cumplen al día de hoy con los criterios técnicos necesarios y "recurre al chantaje político para evadir el pago de lo que corresponde por un bien que es propiedad, insisto, de todos los mexicanos."
Por todo esto, continúo, consideramos "inaceptable que se pretenda acusar al gobierno federal de haber intentado acallar la voz de Carmen Aristegui cuando fue una iniciativa y una estrategia comercial de MVS. Que se le acuse de querer expropiar un bien privado, cuando la banda 2.5 es un bien público y que Joaquín Vargas afirme que el rescate de la banda corresponde a una venganza por lo que aconteció con Carmen Aristegui, para evadir pagar lo que es justo por ese bien público."
Señaló también que ante la falta de evidencia de supuestas presiones del gobierno federal para despedir a Carmen Aristegui o condicionar las negociaciones a cualquier decisión editorial, es claro que "el chantaje es al revés, Joaquín Vargas intenta construir una cortina de humo para ocultar las deficiencias técnicas de su proyecto que lo llevan a subutilizar la banda 2.5 y sobre todo, su negativa de pagar un precio justo por ella."
"El señor Vargas también difama, al comparar al gobierno federal con otros gobiernos que toman decisiones económicas arbitrarias sobre bienes privados. Él sabe que de acuerdo con la Constitución, la banda 2.5 es propiedad de todos los mexicanos, no de su consorcio, ni de sus socios estratégicos o de sus potenciales compradores. Disipemos pues, mentiras y equívocos."
Finalmente, la coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República expuso que, ante esto, "es Joaquín Vargas y no el gobierno federal quien atenta contra la libertad de expresión de sus comunicadores."
Cabe señalar que durante esta conferencia de prensa estuvieron presentes Dionisio Pérez-Jácome Friscione, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) y José Antonio González Anaya, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
cegs
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